El gobernador
regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, cometió el delito
de falsa declaración administrativa (Mentir
en su hoja de vida) al no haber consignado dos sentencias
consentidas en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) en los comicios del 2018; estas referidas a los delitos de violencia
familiar y obligación de dar suma de dinero, consentidas en el 2017 y 2011,
respectivamente.
Juan Carlos Morillo Ulloa está siendo investigado por falsa declaración en proceso administrativo en
agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esto por la Fiscalía de Huaraz.
¿Qué sucederá con
Morillo?
Según la casación 674 - 2018 de la región San Martin,
el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo no diferencia entre
uno contencioso y uno no contencioso, por lo que ha de entenderse la
amplitud manifiesta de este elemento normativo –que abarca todos los tipos de
procedimientos administrativos que regula la ley– e insistirse en que lo
relevante es la veracidad de los hechos o las circunstancias que justificaron
la decisión estatal. Por lo tanto la segunda
sala penal de apelaciones no le queda más que ordenar la continuación del
proceso penal de Juan Carlos Morillo.
Fundamentos de derecho
Se trata de un tipo penal en blanco, ya que
requiere de una norma extrapenal para definir su elemento objetivo normativo
procedimiento administrativo. Así, el artículo 29 del Texto Único Ordenado de
la Ley número 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2017-JUS, del veinte de
marzo de dos mil diecisiete, precisa que “se
entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias
tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo
que produzca efectos jurídicos individuales sobre intereses, obligaciones o
derechos de los administrados”. La figura penal en comento no diferencia
entre procedimiento administrativo contencioso y no contencioso, por lo que ha
de entenderse la amplitud manifiesta de este elemento normativo –que abarca
todos los tipos de procedimientos administrativos que regula la ley– e insistirse
en que lo relevante es la veracidad de los hechos o circunstancias que
justificaron la decisión estatal.
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